La reciente decisión del sistema de justicia en San Francisco de Macorís, que otorgó arresto domiciliario a Natalia, quien le arrebata la vida a su pareja, Anderson Ortiz Ávalo, de 32 años, pone en evidencia una alarmante vulneración del derecho a la igualdad ante la ley. Este hecho no solo genera indignación, sino que también envía un mensaje erróneo a la sociedad sobre la aplicación de la justicia.
La tragedia ocurrió la noche del sábado 31 de mayo en el sector San Martín, conocido como Rabo Chico. Según los informes, Natalia tomó un cuchillo y le propinó estocadas a Anderson, causándole heridas mortales. La pérdida de una vida es siempre un acontecimiento devastador; sin embargo, el hecho de que se le ofrezca un trato preferencial a quien cometió este acto violento cuestiona la imparcialidad del sistema judicial.
Al privilegiar a Natalia con medidas que parecen favorecer su situación, se vulneran no solo los derechos fundamentales de las víctimas, sino también el principio básico de igualdad ante la ley. Esta decisión refleja un irrespeto hacia uno de los derechos más importantes: el derecho a la vida. Al parecer, las consecuencias fatales de un acto violento pueden ser minimizadas o incluso justificadas, creando un precedente peligroso para el futuro.
Es fundamental que las autoridades y el sistema judicial actúen con responsabilidad y equidad. La justicia debe ser igual para todos, sin importar el contexto o las circunstancias personales. Cada decisión tomada por los jueces y las autoridades debe ser un reflejo del compromiso hacia la protección de los derechos humanos y la promoción de una sociedad más justa.
Este tipo de situaciones no solo afectan a las víctimas directas, sino que también generan desconfianza en la población hacia las instituciones encargadas de velar por el bienestar social. La falta de equidad en la aplicación de las leyes alimenta un ciclo perpetuo de violencia y desamparo.
Nos preocupa profundamente las decisiones tomadas por jueces y fiscales en nuestro país. Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que revisen los criterios utilizados en este tipo de decisiones y garanticen que todos reciban el mismo trato ante la ley. Es esencial construir un sistema judicial que respete los derechos fundamentales y promueva verdaderamente la igualdad.
Atentamente,
Rebeca Henríquez
Presidenta Nacional
Fundación Derechos Humanos Global
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