En la República Dominicana, el tejido social se encuentra en una encrucijada crítica. Los compromisos políticos, que deberían servir como pilares para la protección y promoción de los derechos fundamentales, están, en muchos casos, debilitando las bases de la justicia social. Esta realidad se vuelve especialmente alarmante cuando observamos cómo las comunidades vulnerables son las más afectadas por decisiones que priorizan intereses personales o partidistas.
Las promesas electorales frecuentemente se desvanecen una vez que los líderes asumen sus cargos. En lugar de implementar políticas inclusivas que aborden las necesidades básicas de la población, se observa un enfoque que ignora las realidades de aquellos que luchan por acceder a servicios esenciales como la salud, la educación y la vivienda digna. Esta falta de atención no solo perpetúa la pobreza, sino que también deslegitima el sistema democrático al erosionar la confianza del pueblo en sus representantes.
Es imperativo que los ciudadanos levanten su voz y demanden un compromiso auténtico por parte de sus líderes. La defensa de los derechos humanos no debe ser una cuestión política, sino un deber moral. Las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos juegan un papel crucial en este proceso, al visibilizar las injusticias y presionar para que se implementen cambios significativos.
La lucha por los derechos fundamentales debe ser colectiva. Necesitamos un movimiento que trascienda las diferencias políticas y una a todos aquellos que creen en una sociedad más justa y equitativa. Solo así podremos garantizar que cada individuo, sin importar su condición social, tenga acceso a una vida digna y plena.
La responsabilidad recae sobre todos nosotros: ciudadanos, líderes y organizaciones. Es momento de actuar y reclamar nuestros derechos, porque el futuro de nuestra nación depende de ello.
Por Rebeca Henríquez Presidenta Nacional de Derechos Humanos Global, Hispanos Unidos por la Paz y los Derechos Humanos.
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